Puno es un caos
Mientras el presidente Alan García se daba tiempo ayer en la mañana para inaugurar muy sonriente su colosal Cristo del Pacífico en el Morro Solar, en Puno se concretaba una nueva tragedia: la represión policial contra los pobladores puneños que rechazan las concesiones mineras (ver recuadro) dejó al menos 6 muertos y más de 30 heridos por impacto de balas y perdigones.
Los hechos ocurrieron cuando la Policía desalojó violentamente a los pobladores de Ayaviri y Azángaro, quienes habían ingresado a la fuerza al aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de Juliaca.
Éstos rodearon el terminal aéreo, tumbaron parte del cerco perimétrico para ingresar, incendiaron las llanuras de pasto seco y tiraron piedras a la pista de aterrizaje. Los efectivos policiales los desalojaron y retomaron el control del aeropuerto.
Precisamente, los manifestantes de Azángaro, quienes también protestan por la contaminación de la cuenca del río Ramis generada por la minería informal, habían iniciado ayer una huelga de 48 horas en respaldo a la huelga indefinida que realizan los dirigentes aimaras.
Según Canal N, los fallecidos son Raúl Cancapa Huarcallo (38 años), Félix Edwin Villacorta Turpo (20), Petronila Cua Huanca, Gregorio Huamán Mamani (57) y un quinto aún no identificado. A esta lista se une Víctor Antonio Campos Huanca (45), un vecino del lugar que fue víctima de una bala perdida. “Nos han disparado balas directo al cuerpo. Eso no es justo”, reclamó uno de los protestantes.
Durante el día, las vías de acceso a la ciudad estuvieron completamente tomadas por los manifestantes. Los comercios cerraron, el transporte se paralizó, las clases escolares se suspendieron, así como las operaciones del aeropuerto de Juliaca.
ARDE PUNO
Pero mientras en Lima la jefa del Gabinete de Ministros, Rosario Fernández, y el viceministro de Minas, Fernando Gala, apuraban en la tarde de ayer las conversaciones para solucionar los diversos reclamos de los puneños (los que lleva adelante el dirigente aimara Walter Aduviri solo es uno de ellos), en Juliaca, las protestas se recrudecieron.
En horas la noche, un grupo de pobladores de Ayaviri y Azángaro irrumpió nuevamente en el aeropuerto internacional. Saquearon dicha sede, quemaron las oficinas de Córpac e incendiaron algunas camionetas.
Incluso, otro grupo de manifestantes rodeó una comisaría de la ciudad de Azángaro y amenazó con quemar vivo a un grupo de policías, en represalia por la muerte de seis personas durante su fallido intento de tomar el aeropuerto de Juliaca. También apedrearon una sede del Banco de la Nación.
El ministro del Interior, Miguel Hidalgo, confirmó estos hechos y sostuvo que los policías retenidos tienen autorización de usar sus armas de forma moderada.
El director Territorial Policial de Puno, Herbert Rosas Bejarano, corroboró el ataque a la sede policial y el intento de incendiarla, pero indicó que los efectivos pudieron resistir la agresión. “Hasta donde tengo conocimiento, unos 200 pobladores se encuentran en las inmediaciones de la comisaría, pero no tenemos rehenes, heridos y menos fallecidos. Pero los efectivos no pueden salir de dicho lugar por la presión y ataques de los manifestantes”, aseveró Rosas en Canal N.
También dijo que la Policía y el Ejército habían recuperado el control del aeropuerto de Juliaca, pero que un efectivo se encontraba desaparecido. “Oficialmente hay cuatro muertos y varios heridos entre policías y manifestantes”, concluyó.
Los primeros acuerdos no fueron suficientes
Los violentos hechos se produjeron a pesar que en la madrugada de ayer los representantes del gobierno y de los aimaras (de las zonas de Santa Ana y Espinar), encabezados por el dirigente Walter Aduviri, lograron algunos primeros acuerdos de su pliego presentado.
Efectivamente, el Ejecutivo acordó derogar el Decreto Supremo 083-2007, poniendo fin al proyecto minero Santa Ana, y estableció aplicar el procedimiento de Consulta Previa para las actividades mineras y petroleras ubicadas en la Región Puno.
El viceministro Gala anunció que ambas normas serán publicadas hoy en el diario oficial El Peruano. También dijo que ayer viernes quedarían solucionados todos los reclamos de Puno, incluidos los de los pobladores de Azángaro y de la cuenca del Ramis.
Anoche, sin embargo, la premier Fernández señaló que solo dos mesas de negociaciones terminaron su trabajo con soluciones concretas, aunque indicó que aún faltaba la referida “a la contaminación del río Ramis”, que es el principal reclamo de los pobladores de Azángaro.
Sin embargo, Fernández afirmó que hoy serán publicadas en ‘El Peruano’ cinco normas importantes que solucionarán las demandas de la población puneña”.
Los reclamos
Tras la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007, que permitía la ejecución del proyecto minero Santa Ana, en la provincia de Chucuito, ubicada en la zona sur de Puno, queda pendiente la solución de la primera agenda, que comprende la cancelación definitiva de las concesiones mineras y petroleras en la región de Puno.
Los pobladores de Azángaro exigen la recuperación de la Cuenca del río Ramis, que en los últimos cinco años ha sido contaminado por la minería informal.
En Lima, los alcaldes de las provincias de Azángaro, Carabaya, Potoni, Crucero y San Antón se reunieron con miembros del Ejecutivo para exigir el retiro de las maquinarias de la minería informal que contaminan dicho río, que es fuente principal para la agricultura y ganadería.
El presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, solicita 144 millones de soles para su recuperación, pero el Ejecutivo solo tiene presupuestado 30 millones de soles.
LUIS ENDO: lendo@diario16.com.pe
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