El sindicalismo peruano y el gobierno de Ollanta Humala
Carlos Mejía A.
Rebelión
Un nuevo escenario político empieza el próximo 28 de julio del 2011. El gobierno de Ollanta Humala asume en medio de un creciente clima de expectativas y demandas por una mejor redistribución.
La CONFIEP, el gremio de los grandes empresarios del país, estuvo claramente del lado de la candidata del fujimorismo y se opuso a la alianza de Gana Perú (Ollanta). Apoyaron con spots en televisión sobre el peligro de un cambio en el modelo económico neoliberal, pero una vez conocidos los resultados elecotrales se han acercado al entorno del candidato ganador con el entusiasmo de una víbora constrictora. Luego, en una reunión de dos horas con el próximo presidente, los representantes del gran empresariado salieron convencidos que todo iba para bien y que no había ningún peligro. Tan escándaloso fue el cambio de tono que rápidamente en twitter apareció el hashtag #meacomodoigualquelaconfiep.
Por su parte el sindicalismo ha apoyado de manera explícita a Ollanta, en la esperanza que su gobierno permita recuperar los derechos perdidos en los 90s y restablecer unas relaciones laborales más equilibradas y no la actual situación donde el empresario tiene una ventaja predominante.
¿Qué prioridades debe tener el sindicalismo peruano frente al nuevo gobierno?
El sindicalismo como sabemos, se mueve tanto en el ámbito de lo social como en el espacio político. Dispone pues de una agenda social pero también articula a esta una mirada y propuesta política. Se trata de conjugar una acción colectiva en ambos espacios.
La CGTP ha estado discutiendo como informa Oscar Alarcón, las prioridades del sindicalismo ante el nuevo gobierno. Si bien no hay un debate, podemos entender diferentes matices frente a la pregunta. Mi posición, solitaria y muerta de frio es sencilla y de la misma manera que la he señalado en las instancias de trabajo sindical a las que he sido convocado aquí lo repito:
El sindicalismo requiere de parte del nuevo gobierno un conjunto de medidas concretas, antes que más discursos, análisis y diagnósticos. De eso ya tenemos. Luego, hay que definir y separar los espacios de intervención del nuevo gobierno. Una cosa es el poder ejecutivo (presidente y ministros) y otra el parlamento.
El poder ejecutivo tiene en el orden normativo de la república peruana una amplia discrecionalidad para actuar y decidir sobre diversos temas. Luego tenemos el parlamento unicameral, donde Ollanta no dispone de mayoría y esta implementado una alianza con Perú Posible (Toledo), entonces no es aventurado imaginar un gobierno que se verá obligado a negociar constantemente con Perú Posible cualquier medida, mientras recibe la oposición de la derecha fujimorista.
¿Donde deben estar las mayores expectativas entonces?, ¿en el congreso?. No pues. Desde el congreso será poco lo que se pueda hacer de manera inmediata y más adelante dependerá de doña Correlación de Fuerzas. Históricamente, en los gobiernos populares y de cambio social, es lógico y natural que la oposición se haya atrincherado en el parlamento. Desde Lenin enfrentado a la Asamblea Constituyente hasta Allende con un parlamento que le censuraba ministros cada dos días. Y ya sabemos como termino una y otra experiencia.
Entonces, se trata para el sindicalismo de privilegiar en el corto plazo, las medidas que se puedan dictar desde el poder ejecutivo.
Esto descarta en el corto plazo, pedirle al nuevo gobierno que promulgar la Ley General del Trabajo (LGT) o que elimine los nefastos regímenes laborales especiales. Seamos sensatos, en el corto plazo es inviable.
Tanto al nuevo gobierno como al sindicalismo nos queda la tarea de construir una nueva correlación de fuerzas, dentro y fuera del parlamento para empezar a discutir estos temas en serio y con responsabilidad. Lo otro, es jugar a la política y ver nuevamente como la LGT se pasea del Consejo Nacional de Trabajo (CNT), a la comisión de trabajo del congreso y de alli asoma por el pleno para luego regresar al CNT y así dar vueltitas unos años, para beneplácito del lobby empresarial en el congreso.
Los radicales que exigen ahora e inmediatamente, derogar y promulgar como si la mayoría estuviera con el nuevo gobierno terminan haciéndole el juego al empresariado fujimorista. Los románticos que quieren formar comisiones de evaluación, adecuación y/o sistematización de las nuevas leyes, no ven que realmente somos pocos para perder el tiempo. Como decía el refrán, “el infierno esta empedrado de buenas intenciones”
Hay compañeros que se entusiasman considerando que el congreso puede derogar los regímenes especiales en agroexportación o en confecciones, pero olvidan que hay un poderoso lobby empresarial en el congreso defendiendo todos los días este orden legal. Olvidan también que la bancada nacionalista no es uniforme ni compacta. Ya el vocero oficioso de los empresarios, el Dr Toyama ha señalado que se trata del momento del diálogo social, donde hay que retomar el Consejo Nacional de Trabajo y desde allí ponernos de acuerdo. Que simpático. Se trata para los empresarios de dilatar mediante un supuesto diálogo cualquier posibilidad de reforma laboral.
El sindicalismo podria tomar en serio el CNT pero si es reformado en sus reglas de juego. El método del consenso no ha funcionado, salvo para convertirlo en un adorno. Que sea vinculante y los acuerdos se tomen por mayoría.
Entonces ¿qué podemos sugerir?
Mucho realmente. El sindicalismo es un actor que con pleno derecho debería ya tener una opinión pública sobre el nuevo gabinete. O por lo menos sobre el Ministro de Trabajo. Lanzar una propuesta concreta obliga al nuevo gobierno a tomar una posición. Y es una buena reacción frente a las presiones de la CONFIEP que en plan de abrazo del oso, están tratando de copar al nuevo gobierno.
Pero, si bien todos concuerdan que el ministro de trabajo que se designe es un buen indicador de cómo será el próximo gobierno en materia laboral, igual o más importante es el ministro de economía. El sindicalismo debería proponer nombres para ambos ministerios. ¿Porqué no?
En una democracia todos pueden participar del debate publico. Dejar que la elección de autoridades este en manos -ya ni siquiera del partido sino- del presidente electo y de un circulo de amistades, no es un buen síntoma de institucionalidad democrática.
Pero no bastan los nombres. Se trata también de proponer un conjunto de medidas concretas, reales y realistas que se pueden implementar, en el corto plazo, desde el poder ejecutivo. Así podríamos asumir un escenario donde el poder ejecutivo lanza algunas iniciativas mediante decretos supremos, por ejemplo cambiar los reglamentos de algunas leyes. Es previsible asumir que dichos cambios serán cuestionados, pero me informa un abogado laboralista que por ejemplo, cambiar el reglamento de la ley de relaciones colectivas de trabajo equilibrando dichas relaciones, tendría un importante impacto. Si los empresarios saltan hasta el techo, y seguro lo harán, pues tomaría no menos de dos años que el poder judicial se pronuncie. Eso nos da un tiempo para construir la mayoría hegemónica que soñaba Gramsci.
Algunas prioridades
a.- Aumento inmediato del salario mínimo a 750 soles
b.- Retorno e Incremento del numero de inspectores de trabajo a la competencia del Ministerio de Trabajo.
c.- Incremento de las multas por faltas laborales y acciones antisindicales. Que sean realmente disuasivas incluso para grandes corporaciones.
d- Voluntad política del nuevo ministro para resolver los conflictos laborales.
e.- Directiva del MINTRA para eliminar todos los obstáculos “administrativos” a la formación de sindicatos, mediante un cambio del TUPA del MINTRA.
f.- Cambio en el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas para fomentar la negociación colectiva estableciendo algunos plazos y modificando procedimientos, mediante un Decreto Supremo.
g.- Que por fin el MINTRA publique el reglamento para el registro de sindicatos en el sector público bajo la modalidad de CAS.
h.- Un decreto supremo que reglamente el artículo sobre cotización sindical en la ley de relaciones colectivas.
i.- Un decreto supremo que reglamente el artículo sobre licencias sindicales de la misma ley, procurando un equilibrio y no el sesgo pro patronal que ahora existe.
Como muchos trabajadores, voté por Ollanta y espero que en los primeros cien dias de gobierno, las medidas arriba señaladas sean dictadas.
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