Adiós a nuestra soberanía alimentaria. Bienvenidos a la dictadura de Monsanto
13 votos a favor fueron suficientes para que el Senado aprobara el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV 91, el cual significará la privatización de las semillas chilenas y el inicio de un proceso que convertirá a la transnacional Monsanto en la dueña de nuestras semillas, alimentos y agricultura.El monstruo Monsanto
La norteamericana Monsanto posee el control del 90% de la semilla transgénica en el mundo y se agresiva política expansiva la ha llevado progresivamente a acercarse a su objetivo de controlar la cadena alimenticia mundial, acabando con la soberanía alimenticia de las naciones. Este proceso ha seguido en America Latina un patrón mas o menos común: Monsanto se hace con el control de las semillas nativas, las modifica genéticamente y las patenta; al poseer estas mayor resistencia y productividad que las semillas orgánicas, se convierten en la mejor opción para los agriculturas en un mercado marcado por la competencia y la necesidad de aumentar la eficiencia y la productividad. Pero, como las semillas transgénicas son de propiedad de Monsanto o de las empresas controladas por este, para acceder a ellas los campesinos deben firmar un contrato con la transnacional en donde les prohíben conservar las semillas, obligándolos a volverlas a comprar en la próxima siembra, y los obligan a comprar el herbicida Roundup. Como si no fuese poco, es casi inevitable que las semillas transgénicas se crucen con las naturales, generando una nueva semilla cuya paternidad también le pertenecerá a Monsanto.
Este mecanismo ha sido convertido en norma internacional a través del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV), impulsado por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) controlada por Monsanto, Syngenta, Dupont/Pioneer y Bayer, y respaldada por el Estado Chileno. El UPOV así le entrega a los dueños de las semillas un poder total sobre esta y sobre quienes deseen hacer uso de ella, contando con el derecho para fijar precios, discriminar compradores y lugares de siembra.
En Estados Unidos y Canadá, así como en otros países, las normas de Monsanto deben ser aplicadas al pie d la letra para no recibir castigos. Y es que no sólo la legislación favorece a la transnacional sino que también esta ha creado una Policía de Genes, encargada de verificar que los campesinos no reutilicen las semillas y no usen herbicidas alternativos al Roundup. En caso de que alguien burle las leyes de Monsanto, el juicio es inmediato y pueden terminar hasta con la expropiación de las tierras.
Los cómplices nacionales
La aprobación del UPOV 91 ha sido fruto de un intenso lobby realizado por Monsanto a través de sus aliados chilenos. En este camino dos de los principales protagonistas han sido Chile Bio y la Asociación Nacional de Productores de Semillas de Chile (Anpros). La primera pertenece a una red internacional manejada por Monsanto, Pioneer y otras empresas, y la segunda reúne Southern Seed Productions, semillas Pioneer Chile Ltda, semillas Tuniche Ltda, Agrícola Llahuen, Anasac (distribuidor y proveedor de Monsanto) y el mismo Monsanto, que posee centros de producción en la zona central del país principalmente.
El hombre encargado de llevar la voz de Monsanto ha sido Erik Von Baer, padre de Ena Von Baer (Ministra Secretaria General de Gobierno), y dueño de "Semillas Baer", la segunda empresa mas importante de Chile en el rubro. Baer ha pavimentado el camino para la privatización de las semillas, bajo el argumento de que esto convertirá al país en el sexto exportador de semillas en el mundo y de seguir los compromisos contraidos con Estados Unidos en el marco del TLC. Y el propio Barak Obama fue el encargado de cerrar el camino trazado por Baer en su última visita a Chile.
Pero Monsanto y sus secuaces no sólo se han movido en el ámbito del lobby. En Chile el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), dependiente del Ministerio de Agricultura, es el organismo encargado de manejar las semillas (el principal productor de semillas del país), desarrollando iniciativas para hacer las semillas más resistentes y guardando un gran catalogo y un enorme banco genético. Con la llegada de la derecha al gobierno y la ofensiva de Monsanto en los últimos meses el INIA se encuentra en peligro de desaparecer, como lo han denunciado sus propios trabajadores. Más de 100 despidos se han producido en los últimos meses y los sindicatos del INIA han interpuesto una querella contra el director del INIA, Guillermo Donoso, por estar desmantelando el organismo para favorecer a las grandes empresas semilleras, especialmente a Semillas Baer, y por haber entregado de manera ilícita un catálogo de semillas a Anasac, empresa ligada a Monsanto.
El UPOV 91 y el rechazo de los campesinos y las comunidades originarias
La aprobación del Upov 91 ha provocado un inmediato rechazo de parte de campesinos y comunidades originarias. En una carta enviada a la Comisión de Agricultura de la cámara de Diputados y del Senado, Anamuri, Ranquil, Olca, Chile Sustentable, entre otras organizaciones han sostenido que el UPOV 91 privatiza las semillas, obligando los agricultores a comprar semillas todos los años y permite la confiscación de la cosecha; no garantiza la calidad de semillas a la venta; otorga a las empresas semilleras poder para prohibir el ingreso de determinadas variedades al país; y las variedades comerciales que promueve el UPOV no son resistentes al cambio climático.
Por su parte, comunidades y organizaciones de los pueblos originarios, como la Corporación Aymara Jach-a Marka Aru, el Consejo Nacional Aymara, la Alianza Territorial Mapuche, entre otros, han criticado al UPOV por permitir la privatización de plantas que han sido modificadas y trabajadas por las comunidades mediante técnicas ancestrales, constituyendo un patrimonio único ahora en peligro y violando el derecho de los agricultores a seleccionar, mejorar e intercambiar libremente las semillas.
Del lado de las organizaciones ambientales, la crítica es a los nocivos efectos de las semillas transgénicas en el medioambiente y la salud de las personas. Los principales dardos apuntan hacia el Roundup, pesticida de uso obligatorio para quienes compran semillas a Monsanto. Estudios científicos como los de Don M. Huber o los de la Universidad de Caen en Francia, demuestran como el uso de este plaguicida tiene efectos abortivos y de infertilidad directos en el ganado bovino, porcino y equino, impactando directamente en la producción de eche y carne. También produce nocivos efectos en las personas, sobretodo en las mujeres agrícolas, las que presentan problemas de embarazo, abortos e hijos con malformaciones al trabajar en zonas con Roundup.
Gracias a nuestros parlamentarios, el país se entrega a Monsanto. Nuestras semillas, nuestras plantas, nuestras tierras, nuestra soberanía alimentaria ha sido vendida a la criminal transnacional siguiendo la línea trazada por este gobierno: la privatización completa del país y de nuestros derechos.
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