Desde la región, los pueblos originarios levantan su voz
Durante años fueron olvidados, relegados a los manuales de historia que no cuentan la verdad. Hoy se hacen escuchar y Almirante Brown, el distrito de Buenos Aires que alberga más comunidades, es punto de partida de esta fuerza que busca un lugar “más representativo” en la política y en la sociedad.
En Almirante Brown nació una forma de trabajo diferente: la Mesa Política de Buenos Aires. Se trata del primer municipio en donde se presentó y aprobó el Consejo Indígena.
“Cuando no tenés horizonte, cuando no sabés cómo continuar, siempre se debe volver al origen, pero en la Argentina no terminamos de entender que el origen no es extranjero, sino que son los pueblos originarios”, explica Andrea Quevedo, sentada en una silla improvisada dentro de la carpa que armaron frente al Congreso de la Nación.
Allí, los “hermanos” -como se llaman entre sí- reclaman a los legisladores la sanción de dos proyectos que resguardan los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Ambas iniciativas reconocen la preexistencia de los Pueblos Originarios a la conformación del Estado Argentino y restituyen las tierras que durante siglos se expropiaron a las Comunidades Indígenas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
Almirante Brown es eje de este movimiento, por ser pionero en la organización indígena, pero además porque es el distrito en la provincia de Buenos Aires con más comunidades reconocidas completas.
“Si hablamos de estructura, de funcionamiento y organización política, Brown ha sido el punto de partida y fuente de nuestra lucha”, asegura Quevedo, de la Mesa Política Indígena de la provincia de Buenos Aires, la primera que en 2002 empezó a militar en la zona buscando “un espacio propio”.
EL BROWN INDÍGENA
Almirante Brown cuenta con las comunidades Tobas (dos comunidades), Mocoví, Tupí-guaraní, Kollas, Mapuches y Andina. En el último conteo realizado hace tres años había en la zona 80 mil “hermanos” de todas las edades. Se estima que esa cantidad creció a más de 90 mil.
Se cree que se asentaron en este partido porque era uno de los distritos más desérticos, con una geografía rural, lo más parecido al sitio desde donde provenían y en donde podían seguir practicando las actividades que les permitían subsistir. La elección del lugar también se relaciona con que cuando un Cacique llegaba desde las provincias prefería estar cerca de un “hermano”. Y así fueron extendiéndose y creciendo.
De a poco, la zona se fue urbanizando y necesitaron apropiarse de formas institucionales de la sociedad actual. Se adecuaron a la estructura de Gobierno, aunque sólo tomaron los aspectos formales de las instituciones, pero a la sombra de ellas, lograron mantener parte de los contenidos culturales ancestrales.
Si bien la situación económica de los pueblos originarios aún es “crítica”, de a poco, fortaleciendo la educación, lograron una mayor inserción laboral. “La situación no es buena, pero estamos trabajando para que los hermanos tengan otros medios de vida sin perder su cultura”, remarca Quevedo.
Asimismo, los referentes de la comunidad realizan trabajos coordinados con el Ministerio de Desarrollo social para que todos tengan vivienda. “Tanto los hermanos como los vecinos, que también tienen necesidades”.
En cuanto a la cultura indígena, se mantiene mucho más de lo que la gente cree, pero a veces, por disposición de los caciques, se la resguarda. El 21 de junio se festeja el año nuevo indígena y en agosto, se realiza la Fiesta de la Pachamama (madre tierra). En la última ceremonia participaron 400 familias provenientes de todas las localidades de Brown. “Consideramos que es el mes de sequía por el frío, por eso brindamos ofrendas en símbolo de agradecimiento por todo lo que nos da. Ella nos brinda a todos por igual, sin diferencias de color, ni edad”, expone Quevedo.
LA POLÍTICA: EL CONSEJO INDÍGENA
En Almirante Brown nació una forma de trabajo diferente: la Mesa Política de Buenos Aires. Se trata del primer municipio en donde se presentó y aprobó el Consejo Indígena.
Este año, en Glew, los Pueblos Originarios declararon su Independencia Política en la Cumbre de dirigentes políticos indígenas. Se constituyó el Consejo Nacional Indígena y se declaró la Independencia Política de los Pueblos Originarios.
“Si hablamos de estructura, de funcionamiento y organización política, el punto de partida ha sido Brown”, destaca.
Sus miembros niegan que la razón esté en la cantidad de comunidades que hay en el distrito -ya que hay otros lugares como Quilmes en donde están el 90 por ciento de las comunidades Tobas de la Provincia-, sino con salir a construir con una postura, una visión diferente.
A partir de 2004, con un cambio de Cacique, pudieron “darle vida a proyectos que antes quizás por un problema generacional no se daban”. Quevedo se reconoce como “la primera que en 2002 empecé a militar en la zona de esta manera, buscando un espacio propio para las comunidades. No sólo para acompañar, sino para ser protagonista”. Ella sirvió como modelo para que los hermanos vieran que la militancia no significaba pertenecer a un partido político, sino que hay una forma de trabajar diferente.
“El problema no fue que faltaran los votos, sino explicarles a los concejales todo sobre el derecho indígena, es más, nos permitieron participar en una sesión más como concejales. El día de mañana eso no tiene que volver a ocurrir, tenemos que tener un hermano que nos represente en el Deliberante”, propone.
Los pueblos originarios participan en la política sólo a través de su voto, pero no directamente, por eso generaron su propio partido político.
EL RECLAMO
“Los indígenas de nuestra tierra dejaron de existir”, dice la maestra. Entonces, ella, una niña de primaria, interrumpe y asegura: “eso no es verdad, yo soy de los pueblos originarios, y mi papá es Cacique”. Ésta es una historia real, relatada por Daniel Apaza de la Unión Aymará de la República Argentina.
“Ignorancia” es la primera palabra que surge cuando los pueblos originarios necesitan explicar la situación. Dicen que la sociedad piensa que sólo son un grupo de hombres y mujeres que piden que se le devuelvan las tierras, pero su reclamo es otro, y lleva muchos años.
“Creo que la posición de la sociedad no está cambiando, pero sí está informándose. No conocían el tema de los pueblos originarios como algo actual, sino como algo que ya pasó”, considera Apaza.
Entre todos, los niños son los mejores trasmisores. Cuando los ciudadanos se acercan a la carpa, se encuentran muchos puntos en común -quizás sí se discute más con la gente grande-, pero los jóvenes están abiertos a nuevas ideas, diferentes a las que les inculcaron.
“Cuando no tenés horizonte, cuando no sabés cómo continuar, siempre se debe volver al origen, pero en la Argentina no terminamos de entender que el origen no es extranjero, sino que son los pueblos originarios”, agrega Quevedo.
Los Pueblos Originarios no sólo perdieron las tierras, sino también el Gobierno. “Antes, sin papeles, de otra manera, pero éramos Gobierno y hoy no podemos competir porque sería ridículo”.
Pero sí buscan recuperar las tierras para “compartirlas con la sociedad”, para enseñarles otra forma de progreso, de trabajo: renovar la convivencia social de otra manera.
“Nadie puede discutir que los pueblos originarios hemos sido pacientes. Respetamos las pautas de esta estructura, siempre y cuando esta estructura también sea flexible con lo que nosotros estamos pidiendo, que no es más que un lugar que nos pertenece, como a todos”, explica Quevedo, y continúa: “que a nosotros nos pidan que debemos comprar una tierra es como que a cualquier otro ciudadano le digan que deben comprar las tierras que heredó de su familia. Nosotros entendemos cómo son las cosas en el Estado y así y todo nos adecuamos y lo hacemos, pero queremos que entiendan que no pedimos que nos devuelvan las tierras, estamos peleando porque se restituya el espacio”.
Se refieren a las tierras que, no sólo fueron quitadas a los pueblos originarios, sino también a los argentinos, “son tierras que compran los extranjeros y las explotan mal”, aseguran.
No es un cambio, es abrir la puerta a una convivencia que nunca se hizo.
SU PROPUESTA
Los pueblos originarios consideran que, por más buena voluntad política que haya, no hay ningún dirigente que pueda representarlos porque la estructura no lo permite, porque no tienen “hermanos” dentro de ella y no hay información suficiente.
“La cultura indígena pertenece a una población preexistente al Estado y no hay nadie que pueda representarnos más que nosotros mismos. Es como tratar el tema sin los expertos en la materia, no podemos darle solución, ni darle el camino correcto al derecho indígena sin los representantes del pueblo”, detalla Apaza.
Lo que proponen es que el día de mañana, ingresando a un cuarto oscuro, encuentren a un hermano que los represente ya que ninguna de las listas políticas actuales cumple con las necesidades de la política originaria.
Según los representantes, este Gobierno ha sido el primero que los escuchó, pero todavía no se logró todo lo que necesitan, algo que implica una tarea a largo plazo.
Además, consideran que la educación no cuenta con la información correcta de los indígenas. Por eso, golpean las puertas de los colegios para llevar ellos mismos el conocimiento.
“Los docentes son muy agradecidos, no lo sienten como un avasallamiento, porque es el Estado el que no les brinda la posibilidad de conocer cómo son las cosas realmente”, manifiesta el representante de la Unión Aymará de la República Argentina.
“Mi niña de 11 años terminó dando las clases, porque cuando llegó el tema de los Pueblos Originarios había demasiados errores. Entonces corrigió el mapa”, cuenta Quevedo.
“Es impresionante la naturalidad con la cual se toman la situación los niños. Mi hija habla con los compañeros y después ellos llevan las preguntas a la casa y les dicen a sus padres ‘¿por qué los pueblos originarios tienen que comprar las tierras si es para todos?’ ‘¿por qué no pueden tener todo todas las personas?’ ‘¿por qué contaminan el agua?”… Y del otro lado, silencio.
“Es necesario reparar la historia del genocidio que sufrieron nuestros hermanos aborígenes”
Nuestra República ha sido un estado pluriétnico y multicultural desde su nacimiento. Sin embargo, tal realidad no fue reconocida constitucionalmente por más de un siglo por cuanto se creía que se trataba de una situación temporal, que debía ser superada para lograr la tan ansiada homogeneidad de la sociedad estatal.
Frente a ello, las comunidades y los pueblos indígenas argentinos lucharon por su supervivencia y la de su cultura, resistiendo la constante y sistemática violación de sus derechos y reclamando ser respetados por una sociedad que no advertía que al negarlos, no hacía otra cosa que desconocer una parte de sí misma.
Recién con la ley 23.302, la incorporación del Convenio 169 de la OIT y la reforma de 1994 se consagraron una serie de derechos a favor de estos pueblos y de sus miembros, dando paso así a la conformación de un Estado argentino pluralista que considera la presencia de la diversidad en su interior como una realidad que enriquece al conjunto.
En esta nueva visión, la internalización del derecho ha avanzado considerablemente en reconocer que la protección de la persona humana no interesa sólo al Estado dónde el individuo habita sino a toda la comunidad internacional. Ello, sin embargo, está referido a los derechos humanos, y para ello es necesario un adecuado concierto de voluntades expresadas en dichos tratados por el cual se reconocen y establecen derechos así como los mecanismos de protección o de vigilancia.
El Convenio 169 OIT es el resultado de un proceso dinámico en el escenario no sólo local sino internacional de los pueblos indígenas. En este proceso han tenido un rol sumamente importante los propios pueblos, pero también fue resultado de una conjunción de esfuerzos desde algunos de los estados, de organismos no gubernamentales y especialistas académicos.
El convenio señala que debe tomarse en cuenta “el derecho consuetudinario”; reconociendo el derecho a preservar sus instituciones con un solo límite: que “no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”.
Y como venimos insistiendo, a los pueblos originarios se los negaba y exterminaba con políticas que, bajo el eufemismo de “colonización”, sistematizaron un procedimiento de sustitución. Hoy, el camino a transitar es otro, el del reconocimiento, la diversidad cultural y étnica.
Sigamos fortaleciendo esta senda, es imperioso darle “jerarquía constitucional” al Convenio 169 de la OIT, no sólo, porque se vigorizan los derechos humanos, sino porque es necesario reparar la historia del genocidio que sufrieron nuestros hermanos aborígenes en nuestro territorio nacional.
Diputada Nacional Silvia Vázquez*
* En su pedido de otorgar jerarquía constitucional al convenio 169 OIT.
Durante años fueron olvidados, relegados a los manuales de historia que no cuentan la verdad. Hoy se hacen escuchar y Almirante Brown, el distrito de Buenos Aires que alberga más comunidades, es punto de partida de esta fuerza que busca un lugar “más representativo” en la política y en la sociedad.
En Almirante Brown nació una forma de trabajo diferente: la Mesa Política de Buenos Aires. Se trata del primer municipio en donde se presentó y aprobó el Consejo Indígena.
“Cuando no tenés horizonte, cuando no sabés cómo continuar, siempre se debe volver al origen, pero en la Argentina no terminamos de entender que el origen no es extranjero, sino que son los pueblos originarios”, explica Andrea Quevedo, sentada en una silla improvisada dentro de la carpa que armaron frente al Congreso de la Nación.
Allí, los “hermanos” -como se llaman entre sí- reclaman a los legisladores la sanción de dos proyectos que resguardan los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Ambas iniciativas reconocen la preexistencia de los Pueblos Originarios a la conformación del Estado Argentino y restituyen las tierras que durante siglos se expropiaron a las Comunidades Indígenas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
Almirante Brown es eje de este movimiento, por ser pionero en la organización indígena, pero además porque es el distrito en la provincia de Buenos Aires con más comunidades reconocidas completas.
“Si hablamos de estructura, de funcionamiento y organización política, Brown ha sido el punto de partida y fuente de nuestra lucha”, asegura Quevedo, de la Mesa Política Indígena de la provincia de Buenos Aires, la primera que en 2002 empezó a militar en la zona buscando “un espacio propio”.
EL BROWN INDÍGENA
Almirante Brown cuenta con las comunidades Tobas (dos comunidades), Mocoví, Tupí-guaraní, Kollas, Mapuches y Andina. En el último conteo realizado hace tres años había en la zona 80 mil “hermanos” de todas las edades. Se estima que esa cantidad creció a más de 90 mil.
Se cree que se asentaron en este partido porque era uno de los distritos más desérticos, con una geografía rural, lo más parecido al sitio desde donde provenían y en donde podían seguir practicando las actividades que les permitían subsistir. La elección del lugar también se relaciona con que cuando un Cacique llegaba desde las provincias prefería estar cerca de un “hermano”. Y así fueron extendiéndose y creciendo.
De a poco, la zona se fue urbanizando y necesitaron apropiarse de formas institucionales de la sociedad actual. Se adecuaron a la estructura de Gobierno, aunque sólo tomaron los aspectos formales de las instituciones, pero a la sombra de ellas, lograron mantener parte de los contenidos culturales ancestrales.
Si bien la situación económica de los pueblos originarios aún es “crítica”, de a poco, fortaleciendo la educación, lograron una mayor inserción laboral. “La situación no es buena, pero estamos trabajando para que los hermanos tengan otros medios de vida sin perder su cultura”, remarca Quevedo.
Asimismo, los referentes de la comunidad realizan trabajos coordinados con el Ministerio de Desarrollo social para que todos tengan vivienda. “Tanto los hermanos como los vecinos, que también tienen necesidades”.
En cuanto a la cultura indígena, se mantiene mucho más de lo que la gente cree, pero a veces, por disposición de los caciques, se la resguarda. El 21 de junio se festeja el año nuevo indígena y en agosto, se realiza la Fiesta de la Pachamama (madre tierra). En la última ceremonia participaron 400 familias provenientes de todas las localidades de Brown. “Consideramos que es el mes de sequía por el frío, por eso brindamos ofrendas en símbolo de agradecimiento por todo lo que nos da. Ella nos brinda a todos por igual, sin diferencias de color, ni edad”, expone Quevedo.
LA POLÍTICA: EL CONSEJO INDÍGENA
En Almirante Brown nació una forma de trabajo diferente: la Mesa Política de Buenos Aires. Se trata del primer municipio en donde se presentó y aprobó el Consejo Indígena.
Este año, en Glew, los Pueblos Originarios declararon su Independencia Política en la Cumbre de dirigentes políticos indígenas. Se constituyó el Consejo Nacional Indígena y se declaró la Independencia Política de los Pueblos Originarios.
“Si hablamos de estructura, de funcionamiento y organización política, el punto de partida ha sido Brown”, destaca.
Sus miembros niegan que la razón esté en la cantidad de comunidades que hay en el distrito -ya que hay otros lugares como Quilmes en donde están el 90 por ciento de las comunidades Tobas de la Provincia-, sino con salir a construir con una postura, una visión diferente.
A partir de 2004, con un cambio de Cacique, pudieron “darle vida a proyectos que antes quizás por un problema generacional no se daban”. Quevedo se reconoce como “la primera que en 2002 empecé a militar en la zona de esta manera, buscando un espacio propio para las comunidades. No sólo para acompañar, sino para ser protagonista”. Ella sirvió como modelo para que los hermanos vieran que la militancia no significaba pertenecer a un partido político, sino que hay una forma de trabajar diferente.
“El problema no fue que faltaran los votos, sino explicarles a los concejales todo sobre el derecho indígena, es más, nos permitieron participar en una sesión más como concejales. El día de mañana eso no tiene que volver a ocurrir, tenemos que tener un hermano que nos represente en el Deliberante”, propone.
Los pueblos originarios participan en la política sólo a través de su voto, pero no directamente, por eso generaron su propio partido político.
EL RECLAMO
“Los indígenas de nuestra tierra dejaron de existir”, dice la maestra. Entonces, ella, una niña de primaria, interrumpe y asegura: “eso no es verdad, yo soy de los pueblos originarios, y mi papá es Cacique”. Ésta es una historia real, relatada por Daniel Apaza de la Unión Aymará de la República Argentina.
“Ignorancia” es la primera palabra que surge cuando los pueblos originarios necesitan explicar la situación. Dicen que la sociedad piensa que sólo son un grupo de hombres y mujeres que piden que se le devuelvan las tierras, pero su reclamo es otro, y lleva muchos años.
“Creo que la posición de la sociedad no está cambiando, pero sí está informándose. No conocían el tema de los pueblos originarios como algo actual, sino como algo que ya pasó”, considera Apaza.
Entre todos, los niños son los mejores trasmisores. Cuando los ciudadanos se acercan a la carpa, se encuentran muchos puntos en común -quizás sí se discute más con la gente grande-, pero los jóvenes están abiertos a nuevas ideas, diferentes a las que les inculcaron.
“Cuando no tenés horizonte, cuando no sabés cómo continuar, siempre se debe volver al origen, pero en la Argentina no terminamos de entender que el origen no es extranjero, sino que son los pueblos originarios”, agrega Quevedo.
Los Pueblos Originarios no sólo perdieron las tierras, sino también el Gobierno. “Antes, sin papeles, de otra manera, pero éramos Gobierno y hoy no podemos competir porque sería ridículo”.
Pero sí buscan recuperar las tierras para “compartirlas con la sociedad”, para enseñarles otra forma de progreso, de trabajo: renovar la convivencia social de otra manera.
“Nadie puede discutir que los pueblos originarios hemos sido pacientes. Respetamos las pautas de esta estructura, siempre y cuando esta estructura también sea flexible con lo que nosotros estamos pidiendo, que no es más que un lugar que nos pertenece, como a todos”, explica Quevedo, y continúa: “que a nosotros nos pidan que debemos comprar una tierra es como que a cualquier otro ciudadano le digan que deben comprar las tierras que heredó de su familia. Nosotros entendemos cómo son las cosas en el Estado y así y todo nos adecuamos y lo hacemos, pero queremos que entiendan que no pedimos que nos devuelvan las tierras, estamos peleando porque se restituya el espacio”.
Se refieren a las tierras que, no sólo fueron quitadas a los pueblos originarios, sino también a los argentinos, “son tierras que compran los extranjeros y las explotan mal”, aseguran.
No es un cambio, es abrir la puerta a una convivencia que nunca se hizo.
SU PROPUESTA
Los pueblos originarios consideran que, por más buena voluntad política que haya, no hay ningún dirigente que pueda representarlos porque la estructura no lo permite, porque no tienen “hermanos” dentro de ella y no hay información suficiente.
“La cultura indígena pertenece a una población preexistente al Estado y no hay nadie que pueda representarnos más que nosotros mismos. Es como tratar el tema sin los expertos en la materia, no podemos darle solución, ni darle el camino correcto al derecho indígena sin los representantes del pueblo”, detalla Apaza.
Lo que proponen es que el día de mañana, ingresando a un cuarto oscuro, encuentren a un hermano que los represente ya que ninguna de las listas políticas actuales cumple con las necesidades de la política originaria.
Según los representantes, este Gobierno ha sido el primero que los escuchó, pero todavía no se logró todo lo que necesitan, algo que implica una tarea a largo plazo.
Además, consideran que la educación no cuenta con la información correcta de los indígenas. Por eso, golpean las puertas de los colegios para llevar ellos mismos el conocimiento.
“Los docentes son muy agradecidos, no lo sienten como un avasallamiento, porque es el Estado el que no les brinda la posibilidad de conocer cómo son las cosas realmente”, manifiesta el representante de la Unión Aymará de la República Argentina.
“Mi niña de 11 años terminó dando las clases, porque cuando llegó el tema de los Pueblos Originarios había demasiados errores. Entonces corrigió el mapa”, cuenta Quevedo.
“Es impresionante la naturalidad con la cual se toman la situación los niños. Mi hija habla con los compañeros y después ellos llevan las preguntas a la casa y les dicen a sus padres ‘¿por qué los pueblos originarios tienen que comprar las tierras si es para todos?’ ‘¿por qué no pueden tener todo todas las personas?’ ‘¿por qué contaminan el agua?”… Y del otro lado, silencio.
“Es necesario reparar la historia del genocidio que sufrieron nuestros hermanos aborígenes”
Nuestra República ha sido un estado pluriétnico y multicultural desde su nacimiento. Sin embargo, tal realidad no fue reconocida constitucionalmente por más de un siglo por cuanto se creía que se trataba de una situación temporal, que debía ser superada para lograr la tan ansiada homogeneidad de la sociedad estatal.
Frente a ello, las comunidades y los pueblos indígenas argentinos lucharon por su supervivencia y la de su cultura, resistiendo la constante y sistemática violación de sus derechos y reclamando ser respetados por una sociedad que no advertía que al negarlos, no hacía otra cosa que desconocer una parte de sí misma.
Recién con la ley 23.302, la incorporación del Convenio 169 de la OIT y la reforma de 1994 se consagraron una serie de derechos a favor de estos pueblos y de sus miembros, dando paso así a la conformación de un Estado argentino pluralista que considera la presencia de la diversidad en su interior como una realidad que enriquece al conjunto.
En esta nueva visión, la internalización del derecho ha avanzado considerablemente en reconocer que la protección de la persona humana no interesa sólo al Estado dónde el individuo habita sino a toda la comunidad internacional. Ello, sin embargo, está referido a los derechos humanos, y para ello es necesario un adecuado concierto de voluntades expresadas en dichos tratados por el cual se reconocen y establecen derechos así como los mecanismos de protección o de vigilancia.
El Convenio 169 OIT es el resultado de un proceso dinámico en el escenario no sólo local sino internacional de los pueblos indígenas. En este proceso han tenido un rol sumamente importante los propios pueblos, pero también fue resultado de una conjunción de esfuerzos desde algunos de los estados, de organismos no gubernamentales y especialistas académicos.
El convenio señala que debe tomarse en cuenta “el derecho consuetudinario”; reconociendo el derecho a preservar sus instituciones con un solo límite: que “no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”.
Y como venimos insistiendo, a los pueblos originarios se los negaba y exterminaba con políticas que, bajo el eufemismo de “colonización”, sistematizaron un procedimiento de sustitución. Hoy, el camino a transitar es otro, el del reconocimiento, la diversidad cultural y étnica.
Sigamos fortaleciendo esta senda, es imperioso darle “jerarquía constitucional” al Convenio 169 de la OIT, no sólo, porque se vigorizan los derechos humanos, sino porque es necesario reparar la historia del genocidio que sufrieron nuestros hermanos aborígenes en nuestro territorio nacional.
Diputada Nacional Silvia Vázquez*
* En su pedido de otorgar jerarquía constitucional al convenio 169 OIT.
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